Piden al gobierno que se ponga freno a la violencia institucional

3La solicitud está dirigida al gobernador y a los representantes de los tres poderes. “Exigimos al gobierno de Entre Ríos que frene el alarmante incremento de la violencia institucional”.

La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, a través de una nota se dirigió a las autoridades “ante la escalada de violencia institucional que vivimos hoy en Entre Ríos”.

A 38 años del retorno a la democracia, marcan en el escrito “algunas de las deudas pendientes que tiene el Estado Provincial en esta materia” para instar a los tres poderes “a que se comprometan realmente en la promoción y protección de los derechos humanos”.

Definen en el marco de la seguridad pública ciudadana, prevenir hechos delictivos pero además, proteger la vida, garantizar la integridad física y desalentar discursos y prácticas violentas.

En ese orden, consideran necesario “promover un sistema de seguridad democrático que respete los estándares mínimo de derechos humanos: que el sistema carcelario tenga como objetivo primario la readaptación social de las personas privadas de su libertad, que los agentes policiales y penitenciarios sean constantemente capacitados en derechos humanos, que se creen reglamentos y protocolos de actuación claros para guiar el accionar policial profesional que tienda a reducir los riesgos, proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, prevenir y evitar intervenciones violentas abusivas”.

Aseguran que “en ninguno de esos puntos, el gobierno provincial tiene una intervención activa, ya sea por omisión, impericia o aquiescencia y, por decantación, se genera la reproducción de

prácticas violentas en los cuerpos policiales y penitenciarios.

Toman en cuenta los casos Iván Pérez y Gabriel Gusmán, “ambos, víctimas de casos de gatillo fácil durante esta gestión de gobierno” para indicar que integrantes de la fuerza policial “admitieron en investigaciones judiciales que la Policía de Entre

Ríos no recibe entrenamiento ni capacitación en manejo de armas de fuego, lo que es de una gravedad institucional sin precedentes y de lo cual ningún funcionario público ni legislador provincial ni poder del Estado solicitó informe sobre ello a la autoridad correspondiente ni ninguna otra acción que dé cuenta de la gravedad que esta realidad implica, al pretender justificar corporativamente la muerte de dos jóvenes en nuestra provincia por balas policiales”.

Cuestionan que no solo se expone a los ciudadanos y ciudadanas a violencia institucional, sino también a las y los propios agentes de las fuerzas de seguridad, a quienes se termina por educar y

empujar hacia la violencia, ejecutando delitos por los que tarde o temprano serán juzgados”.

UNA FORMALIDAD. Así consideran hasta ahora la Ley N°10.563 de creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura (MPPT), que rige en la provincia desde 2017.

El MPPT -reseñan- tiene, entre otras funciones, el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, así como también diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y promover la aplicación de sus directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades competentes a nivel provincial y municipal. Para su creación es necesaria la conformación de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos.

“El parlamento entrerriano, que responde al Gobernador Gustavo Bordet, viene ignorando los reiterados pedidos de los organismos de derechos humanos, y a todas luces desconoce también los hechos de tremenda gravedad institucional y crímenes del Estado que se acrecientan día a día en la provincia” afirman.

Acusan asimismo de intentar desfinanciarlo a partir de un proyecto de ley que asignan al oficialismo con el que se pretende “que integrantes de la sociedad civil se sumaran a trabajar en protección de los derechos humanos ad honorem”, lo cual -advierten- contradice las recomendaciones del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y de los organismos internacionales de derechos humanos.

DEROGACIÓN. Es lo que reclaman para el Código Contravencional (Ley 3815) de nuestra provincia, que data del año 1952 y “otorga facultades discrecionales a la policía alentando detenciones arbitrarias que hoy por hoy padecen los jóvenes de los barrios periféricos de nuestras ciudades, que a la hora de resolver conflictos de convivencia urbana tiende a predominar el punitivismo, sin jueces que juzguen y sin derecho a defensa”.

BAJO SOSPECHA. De ese modo ubican la actuación de la policía de Entre Ríos en el caso José Luis González, quien luego de haber sido aprehendido por averiguación de antecedentes – por código contravencional- el día 17 de diciembre pasado denunció ante la Defensoría Pública hostigamiento por parte de los funcionarios policiales de la comisaría octava, desapareciendo el 19 de diciembre y cuyo cuerpo fue encontrado el 21. Advierten que “la detención de González no fue notificada ni a la justicia, ni a la defensoría, ni a fiscalía. Es decir, estamos en presencia de un posible caso de desaparición forzada seguida de muerte en manos de la policía de Entre Ríos, lo que de confirmarse sería de una gravedad institucional escandalosa”.

PODER JUDICIAL. Consideran que debe robustecer los sistemas de control y sanción y diseñar una política criminal clara en donde los hechos en los que se encuentra involucrado un funcionario policial o penitenciario deben investigarse con celeridad, diligencia e independencia de los presuntos responsables y de las unidades, instituciones u organismos de las que pertenezcan los involucrados.

CÁRCELES. Refieren a las muertes de personas detenidas, tortura y malos tratos en las cárceles; también a la sobrepoblación y el hacinamiento y exigen que las comisarías no sean lugares de detención.

Mencionan que en diciembre de 2020 hicieron una recorrida, inspección de la Alcaldía Contravencional de Paraná y elaboraron un informe que le entregaron a la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero. “Una dependencia donde se observó un evidente deterioro edilicio y un estado general insalubre, tanto para las personas detenidas como para el personal de la Comisaría, entendiendo que no está a la altura de lo exigido al Estado por las leyes, las constituciones Provincial y Nacional y por los tratados y convenciones de DDHH”, sintéticamente reproducen.

A partir de ese relevamiento entienden que es necesario implementar un mecanismo de observación, control y asesoramiento en relación a los lugares de encierro, con participación de la sociedad civil.

En el documento citan además reuniones con funcionarios del Ejecutivo, también del Poder Judicial y los pedidos de datos a partir de los cuales se pueda pensar en el diseño de políticas.

Los casos más  extremos

Están incluidos también en el documento con la intención de “recordar al gobierno” casos recientes que enmarcan en violencia institucional y los consideran los más extremos. A los nombres sumaron algunas consideraciones con relación a cada caso.

–José Luis González, de 22 años, desaparecido el domingo 19 de diciembre y 10 días después la familia confirma la identidad del cuerpo del joven que apareció en la Isla Bonita, jurisdicción santafesina del Río Paraná. Este lamentable hecho está en sus primeras investigaciones. La familia ha deslizado el hostigamiento constante de parte de uniformados de la policía de la jurisdicción de su barrio.

–Erik Valdez, de 33 años, el joven fue hallado sin vida en una comisaría en Concordia, no habilitada para alojar a personas detenidas. El cuerpo de Erik evidenciaba visibles signos de torturas y vejaciones aberrantes, las autoridades policiales no cumplieron con su obligación de dar aviso correspondiente a la fiscalía ni a la defensoría de dicha detención, quienes se enteraron de los hechos tras el deceso de la víctima, por lo cual caracterizamos a esta detención como ilegal.

–Iván Pérez, de 24 años fue asesinado el 9 de octubre de 2019 por el Sargento Mauricio Javier Gómez de la Policía de Entre Ríos en Gualeguaychú (quien se encuentra gozando de su libertad). Recibió el disparo en la nuca.

–Miguel Varela, de 31 años, fue asesinado por la Policía de Entre Ríos en Concordia el 8 de septiembre de 2019, por la funcionaria policial Victoria Toledo. Todavía no hay sentencia en esta causa.

–Gabriel Gusmán, de 20 años, fue asesinado por la Policía de Entre Ríos en Paraná el 25 de septiembre de 2018, por los efectivos Rodrigo Molina y Diego Íbalo; el disparo lo recibió por detrás, en la cabeza. La Policía de la Provincia, la misma fuerza acusada del homicidio, es la que hizo las tareas investigativas en los primeros momentos tras la muerte, algo absolutamente irregular, en donde el Estado decidió no impulsar la acusación quedando en manos de la querella particular su consecución.

–Sebastián Briozzi, de 20 años, fue asesinado por la Policía de Entre Ríos en Concordia el 25 de septiembre de 2016, por Sergio Acosta suboficial de dicha fuerza quien le alojó un certero balazo en la nuca. Tiene sentencia.

Quiénes firman

El documento está rubricado por la Red de Organismos de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos -Rodher-; Comisión Permanente de DDHH de Colón; Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay; Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader);

Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú; H.I.J.O.S. Regional Paraná; H.I.J.O.S. Regional Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná; Memoria Colectiva de Villaguay y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay.