Causa Moya: cae por ineficaz presentación de las acusaciones

La Sala Penal, en fallo divido, denegó la concesión de los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y el querellante particular, contra la sentencia dictada en agosto de 2021.

El lunes 21 de febrero, la Sala Penal N1 del STJ, por mayoría, resolvió denegar la concesión de los recursos extraordinarios ante la CSJN impulsados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella particular, ante la resolución del 27 de agosto de 2021 que resolvió, nuevamente por mayoría, hacer lugar a la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa del cura Marcelino Ricardo Moya, contra la sentencia del 14 de diciembre de 2020 de la Sala Nº II de la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Concordia, que confirmó la condena del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay que en sentencia de primera instancia del 5 de abril de 2019, condenó a Moya a la pena de 17 años de prisión por los delitos de Promoción de la corrupción agravada reiterada y Abuso sexual simple agravado en concurso real, dictando su sobreseimiento.

En agosto de 2021 la Sala declaró la prescripción de la acción penal señalando que los denunciantes, que eran menores al momento de los hechos, denunciaron los hechos, ocurridos entre 1993 y 1995, el 29 de junio de 2015 y de esa manera se venció el plazo máximo de 12 años que establece la ley para denunciarlos.

Argumentos

El vocal Daniel Carubia, en voto al que adhirió en todos sus términos su par, Miguel Ángel Giorgio, resaltó que los recursos “no han sido interpuestos por los impugnantes en debida forma…toda vez que, como presupuesto necesario de tal acto –‘antecedente necesario’, en la expresión de Palacio- debe verificarse la oportuna, eficaz y concreta introducción de la ‘cuestión federal’ en el proceso, formulada inequívoca y explícitamente en la primera oportunidad que brinde el procedimiento, así como su adecuado sostenimiento a lo largo de todas las etapas del mismo”.

Carubia defendió la sentencia de la Sala  que dictó la prescripción de los hechos y ordenó el sobreseimiento del cura, y sostuvo que “…estamos ante un acto jurisdiccional que fundadamente aplicó normas sustantivas válidas y vigentes, cuya adecuación constitucional no fue cuestionada por los recurrentes; no esgrimiéndose en la especie un agravio susceptible de demostrar -siquiera hipotéticamente- que el pronunciamiento impugnado encuadre en alguna de las causales que integran el catálogo de sentencias arbitrarias, porque la tacha de arbitrariedad se reserva para aquellos pronunciamientos desprovistos de todo apoyo legal, fundados tan solo en la voluntad de los jueces”.

Carubia manifestó que “resulta evidente que, aunque la impugnante intenta dotar a su queja de sentido constitucional y convencional, la mera alusión a su propia convicción sobre una protección diferenciada establecida a favor de quienes fueron víctimas de delitos sexuales cuando eran menores de edad en la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin citar norma específica alguna de estos instrumentos que así lo disponga, no es suficiente para demostrar que en la especie exista una cuestión federal que justifique la intervención de la CSJN, siendo imperioso señalar que no basta en materia de recursos extraordinarios evocar genéricamente tal o cual garantía o el derecho constitucional supuestamente involucrado para esgrimirlo como cuestión federal susceptible de abrir el remedio extraordinario”.

Al igual que en la resolución del 27 de agosto de 2021, la vocal Claudia Mizawak votó en disidencia. En esta oportunidad entendió que los recursos debían ser concedidos, argumentando que “el remedio intentado es formalmente admisible toda vez que se ha planteado de manera prístina una cuestión que afectaría las garantías constitucionales de las víctimas y la resolución fue adversa a tales derechos invocados, que indiscutiblemente cuentan con un status y alcance diferenciado, y esto es lo que, a mi juicio, viabilizaría la procedencia del recurso extraordinario”.

El voto de Mizawak

En agosto de 2021, Mizawak emitió el primer voto y sostuvo que hubo responsabilidad y encubrimiento de las autoridades eclesiásticas hacia la conducta abusiva a menores por parte Moya. Asimismo, compartió el análisis constitucional y convencional que efectuaron tanto los magistrados del Tribunal de Casación de Concordia como los jueces de mérito, “atento a que en el presente caso se han verificado circunstancias fácticas extraordinarias que deben ponderarse para resolver la controversia (prescripción o no de la acción penal) desde una perspectiva integradora y conciliadora del derecho doméstico y el internacional”.

Mizawak sostuvo que en este caso “se acreditó fehacientemente que las autoridades eclesiásticas provinciales de esa época (cuando se produjeron los abusos por parte del sacerdote) encubrieron y protegieron al acusado, obstaculizando la efectiva posibilidad de que las víctimas acudan a la justicia para instar la acción penal, impidiendo la investigación de los delitos”.


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